Hace unos días, en el municipio de Fresnillo, un municipio donde viven los mexicanos más aterrados en todo el país por la violencia, fueron asesinadas siete personas —cuatro mujeres y tres mujeres— en una vecindad.
A 250 kilómetros de ahí —y aún con las alarmas encendidas por el multihomicidio— se instaló un retén criminal. Delincuentes presuntamente del CJNG se apoderaron de una brecha del municipio de Apulco (al sur de Zacatecas) donde detenían a los conductores que pasaban por la zona. Las imágenes fueron captadas por el C5 pero no hubo respuesta de las autoridades.
Durante horas vulneraron a la sociedad. Ni la Guardia, ni elementos de la fiscalía o alguna autoridad de Zacatecas hicieron algo por proteger a la población. Los gritos de los habitantes no los escucha el gobierno en México.
El pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó al estado en mención, pero no tuvo reuniones estratégicas de trabajo para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
El sábado 19 de junio, faltando sólo cuatro horas para que López obrador pisara Zacatecas, una llamada al 911 alertó algo que apenas el operador pudo entender: sobre la carretera federal 49 que conecta la capital de Zacatecas con Torreón, tres cadáveres colgaban de un puente vehicular. Días después se informó que se trataba de dos policías levantados en la localidad vecina de San Luis Potosí.
Con información de EFE y AP
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